MÉXICO, D.F. (apro).- Los consejeros electorales confirmaron que el
PRI sí uso tarjetas Monex, que sí utilizó varias empresas mercantiles
para “dispersar” 70 millones de pesos que no los reportó como gastos de
campaña, y admitieron que desconocen a dónde fueron a parar por lo menos
44 millones de pesos, sin embargo, por mayoría de votos el Consejo
General del órgano electoral declaró infundada la queja de los partidos
PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
Luego de siete horas de discusión,
en las que cinco de los nueve integrantes del Consejo General del
Instituto Federal Electoral (IFE) pedían que se diera vista al a
Procuraduría General de la República (PGR), la consejera Macarita
Elizondo Gasperín modificó su posición, por lo que la votación que
llevaría a multar al PRI con 75 millones de pesos se empató.
En
ese momento, y de manera sorpresiva, el consejero Sergio García Ramírez,
quien durante todo el proceso de discusión evitó participar debido a su
relación personal con varios priistas que estaban siendo indagados,
como Gabino Fraga, sorpresivamente entró al salón al momento de la
votación para darle al PRI la exoneración.
En el momento en que la
votación favoreció al PRI, el consejero Marco Antonio Baños, quien
junto con Javier Guerrero Aguirre, había estado sosteniendo que la
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue limpia y legal, se
distendió en su asiento; soltó el cuerpo y se dedicó a comer alegremente
palomitas, en tanto que los consejeros Benito Nacif –promotor de la
multa–, Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova y María Marván evidenciaban en
su cara el malestar por la votación.
Desde temprana hora, la
votación, que sería un mero trámite para respaldar el proyecto de
dictamen de la Unidad de Fiscalización que encabeza Alfredo Cristalinas,
exempleado del Sistema de Administración Tributaria (SAT), se fue
complicando.
A pesar de que la Unidad de Fiscalización sostiene
que sí se contrató a Grupo Financiero Monex, que se emitieron por lo
menos 9 mil 924 tarjetas prepagadas por un monto de 70 millones de
pesos, de que no supo el destino final de 44 millones de pesos y que el
PRI recurrió a la triangulación del dinero mediante las empresas
Inizzio, Atama y Alkino, en su resolutivo rechazó la queja de los tres
partidos de izquierda en el sentido de que Enrique Peña Nieto rebasó el
tope de campaña presidencial y de que recurrió al financiamiento ilegal.
Pero
la votación, casi trámite, se modificó debido a que a los consejeros
electorales se les entregaron de último minuto varios contratos “de
préstamo” que el PRI hizo a la empresa Alkino por la cantidad de 70
millones de pesos (sumando intereses) para contratar tarjetas
prepagadas. Otro más en donde Alkino contrató a Atama para realizar el
contrato con Grupo Financiero Monex, y a su vez Atama contrató a
Inizzio.
Eso generó un revuelo, primero porque el consejero
Alfredo Figueroa detectó que las empresas involucradas se habían
reportado en ceros en sus declaraciones fiscales, es decir, sin
movimiento alguno. Además, porque el PRI aseguró que fue para la
contratación de representantes distritales, pero el respaldo de los
contratos firmados por el ejército de los empleados no coincidía con lo
solicitado a Alkino.
Incluso, porque se detectó que los 44
millones de pesos fueron sustraídos de diversos cajeros ubicados
mayormente en un solo estado de la República; pero sobre todo, porque al
presentarse el contrato como una solicitud de “préstamo o
financiamiento” del PRI a una empresa mercantil como Alkino, pues este
partido ni el PVEM reportaron ante el IFE tal solicitud, lo cual está
prohibido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (Cofipe), amén de que no lo reportaron como gasto de
campaña.
Por no haber presentado una correcta presentación de
gastos, por haber omitido como gasto de campaña los 70 millones de pesos
prestados a Alkino y no a una institución de crédito financiera como lo
establece la ley electoral, además de no haberlos reportado y con lo
cual se aumenta el total del gasto de la campaña, es que el consejero
Benito Nacif propuso una multa de 150% sobre el valor del monto
ejercido, es decir, 105 millones de pesos.
El PRI intentó
sostener, mediante su representante legislativo, el senador José Antonio
Hernández Fraguas, que no lo reportó como gasto de campaña porque en su
partido lo consideran gasto ordinario. En tanto, el consejero Marco
Baños alegó a los consejeros que no se trató de una solicitud de
crédito, financiamiento o préstamo, por lo que el PRI no violaba la ley
electoral.
Los dos personajes dieron la batalla argumentativa,
aunque a su posición se sumó sin presentar análisis alguno el consejero
Guerrero Aguirre. El consejero presidente Leonardo Valdés no emitió
opinión por ser la cabeza del consejo. En tanto que del otro lado las
posiciones se empezaron a radicalizar en contra del PRI.
Por
ejemplo, la consejera María Marván dijo que el PRI recurrió a
“financiamiento paralelo”. La consejera Macarita Elizondo sostuvo que
PRI y PVEM violaron la Constitución en su artículo 41, pues se afectó el
principio de equidad, que se violó el Cofipe y no se respetó el
reglamento de Fiscalización.
Alfredo Figueroa se pronunció por que
se le diera vista a la PGR; Benito Nacif lo respaldó pero sumándole una
multa al PRI de 105 millones de pesos; y Lorenzo Córdova se sumó a sus
propuestas.
Del otro lado, de los representantes de los partidos,
en el caso del PAN, Rogelio Carbajal dijo que se trató de lavado de
dinero, que el IFE nunca supo el origen del mismo, de dónde salió, de
dónde obtuvo el PRI dinero para pagar el préstamo a la empresa Alkino y
que menos aún se supo hacia dónde fue a parar. “Ese es un claro
movimiento de lavado de dinero”, aseguró.
El representante
legislativo del PAN, el senador Javier Corral, puso en duda el citado
contrato y con lo cual el PRI de última hora trató de justificar los 70
millones de pesos que desde el 28 de junio el propio IFE había dicho que
se encontraron tarjetas de prepago por tal cantidad.
Dijo que
para hacer valoraciones hay que tomar en cuenta las fechas de los
sucesos. Por ejemplo, que el PAN denunció el 26 de junio el uso de
tarjetas prepagadas por un monto de 700 millones de pesos, que dos días
después el IFE las encontró –“en tan sólo 48 horas”–, pero por
70millones de pesos. Que luego el PRI lo negó más de tres veces y un mes
después, ante las evidencias tuvo que aceptar que recurrió a Alkino
pero no sabía si ésta había contratado a otras empresas. Finalmente, que
el PRI esté presentando un contrato firmado el 1 de marzo. De ahí que
puso en duda la validez del citado contrato.
Por el PRD, Camerino
Márquez; Ricardo Mejía Berdeja, por MC; y el representante legislativo
por el PRD, Fernando Belauzarán, reclamaron que sólo se estuvieran
abordando las facturas emitidas por Inizzio y se hicieran a un lado las
de EFRA. Y es que según, el dictamen, no se encontró argumento para
sostener que esta última empresa tuviera relación con el PRI (empresa de
la cual es dueña la familia Fraga, amiga desde hace 40 años del
consejero Sergio García Ramírez).
A las 18:00 horas todo parecía
que el PRI sería multado, sin embargo, poco antes de la votación la
consejera Macarita Elizondo, la única a la que faltaba decir
públicamente que estaba en contra del dictamen de la Unidad de
Fiscalización, salió del salón. Pasados varios minutos regresó; ya no
intervino más, pero a la hora de la votación lo hizo a favor del PRI y
en contra de la multa.
La sorpresa generó un silencio en el salón
de sesiones. La votación había quedado empatada, cuatro a cuatro
contando el voto del consejero presidente. Así es que, inesperadamente,
Sergio García Ramírez ingresó al salón, dijo que nunca se excusó de
participar en el tema y que sólo “se ausentó” por la relación de amistad
que tiene con uno de los implicados (los Fraga), pero que ahora sí
quería sufragar, a menos que sus compañeros no estuvieran de acuerdo.
Los
ocho consejeros hablaron a favor de que pudiera votar. Y así lo hizo
quedando cinco a favor del PRI y cuatro en contra. García Ramírez salvó
al partido de Peña Nieto.
Al término de la votación, la oposición,
incluyendo al PAN, se preguntaba qué le había pasado a Macarita
Elizondo, los consejeros que también esperaban su respaldo no
escondieron su sorpresa y al final comentaron los asistentes: “esto fue
una simulación de siete horas”.
El PRD, PT y MC recurrirán a
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para rebatir
falta de exhaustividad de parte de la Unidad de Fiscalización.
El
Consejo también aceptó darle vista a la Unidad de Inteligencia
Financiera que hoy encabeza Alberto Bazbaz, exprocurador del Estado de
México y al Sistema de Administración Tributaria, así como a la
Secretaría de Hacienda que encabeza Luis Videgaray, uno de los
involucrados en la denuncia de Movimiento Progresista.
PRD y PAN señalan “cascada de dinero” y “trampas” en campaña de EPN del blog ¡Exijamos lo imposible!

Representantes
del PRI y Partido Verde respondieron a sus opositores que están
"cegados por la ira" de haber perdido la elección presidencial y "mandan
al diablo" la investigación de la Unidad de Fiscalización.
Representantes del PAN y PRD ante el IFE señalaron a los consejeros que en la campaña presidencial del PRI, en 2012, cayó una “cascada de dinero” y se realizaron “trampas”, por lo que les pidieron “limpiar la elección” y aclarar el origen y destino de los recursos utilizados por el partido tricolor.
Los consejeros discuten este miércoles la resolución de diversas quejas
interpuestas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de partidos políticos nacionales, entre ellas la distribución de tarjetas Monex.
El perredista Camerino Márquez sostuvo que la campaña de Enrique Peña Nieto utilizó recursos de procedencia ilícita y “nos queda la duda si se configuró el delito de lavado de dinero”.
Márquez aseguró que la Unidad de Fiscalización del órgano electoral no tomó en cuenta todas las pruebas que presentaron para demostrar el rebase de tope de campaña (lo cual será discutido la próxima semana).
“El proceso electoral federal fue inequitativo e ilegal”, dijo Camerino.
Cuestiona el PAN investigación
Rogelio Carbajal, representante de Acción Nacional ante el IFE, expuso que aunque se hicieron 670 diligencias sobre el caso, 210 días después de que presentaron las denuncias sobre el caso Monex, las investigaciones arrojan lo que denunciaron desde un principio.
“El IFE resuelve la queja 212 días después de que la presentamos y hoy sabemos lo mismo que al inicio… el PRI rebasó tope de gastos de campaña”, acusó el panista.
Carbajal pidió a los consejeros no validar un mecanismo de financiamiento paralelo, en referencia a la distribución de tarjetas.
Javier Corral, consejero legislativo del PAN ante el IFE, señaló que el instituto está obligado a limpiar la elección del 2012; la principal duda es “la cascada de dinero que cayó en la campaña de Enrique Peña Nieto“.
“Los ciudadanos esperan hoy del IFE una respuesta honesta, transparente, rigurosa, profesional, legal y autónoma, actuar bajo el supuesto contrario es suicida contra el IFE”, aseguró el senador.
Javier Corral llamó a los consejeros a no dejar impunes “las conductas irregulares, las trampas, la formas en la que se simula el proceso democrático para ganar los votos”.
“Es más grave ocultar los ingresos que rebasar los topes de campaña”, agregó.
PRI y PVEM responden
Sara Castellanos, del Partido Verde, reviró a los panistas y perredistas.
“Al estilo del dirigente de Morena (AMLO) (…) mandan al diablo (PAN y PRD) las investigaciones de la unidad de fiscalización del IFE (…) cegados por la ira de haber perdido el proceso electoral”, expresó.
José Antonio Hernández Fraguas, del PRI, añadió que lo denunciado por ambos partidos sobre un supuesto rebase de gastos de campaña del PRI, se basa sólo en un “ejercicio de imaginación“, y que emplea “discurso ruidoso de descalificación”.
El perredista Camerino Márquez sostuvo que la campaña de Enrique Peña Nieto utilizó recursos de procedencia ilícita y “nos queda la duda si se configuró el delito de lavado de dinero”.
Márquez aseguró que la Unidad de Fiscalización del órgano electoral no tomó en cuenta todas las pruebas que presentaron para demostrar el rebase de tope de campaña (lo cual será discutido la próxima semana).
“El proceso electoral federal fue inequitativo e ilegal”, dijo Camerino.
Cuestiona el PAN investigación
Rogelio Carbajal, representante de Acción Nacional ante el IFE, expuso que aunque se hicieron 670 diligencias sobre el caso, 210 días después de que presentaron las denuncias sobre el caso Monex, las investigaciones arrojan lo que denunciaron desde un principio.
“El IFE resuelve la queja 212 días después de que la presentamos y hoy sabemos lo mismo que al inicio… el PRI rebasó tope de gastos de campaña”, acusó el panista.
Carbajal pidió a los consejeros no validar un mecanismo de financiamiento paralelo, en referencia a la distribución de tarjetas.
Javier Corral, consejero legislativo del PAN ante el IFE, señaló que el instituto está obligado a limpiar la elección del 2012; la principal duda es “la cascada de dinero que cayó en la campaña de Enrique Peña Nieto“.
“Los ciudadanos esperan hoy del IFE una respuesta honesta, transparente, rigurosa, profesional, legal y autónoma, actuar bajo el supuesto contrario es suicida contra el IFE”, aseguró el senador.
Javier Corral llamó a los consejeros a no dejar impunes “las conductas irregulares, las trampas, la formas en la que se simula el proceso democrático para ganar los votos”.
“Es más grave ocultar los ingresos que rebasar los topes de campaña”, agregó.
PRI y PVEM responden
Sara Castellanos, del Partido Verde, reviró a los panistas y perredistas.
“Al estilo del dirigente de Morena (AMLO) (…) mandan al diablo (PAN y PRD) las investigaciones de la unidad de fiscalización del IFE (…) cegados por la ira de haber perdido el proceso electoral”, expresó.
José Antonio Hernández Fraguas, del PRI, añadió que lo denunciado por ambos partidos sobre un supuesto rebase de gastos de campaña del PRI, se basa sólo en un “ejercicio de imaginación“, y que emplea “discurso ruidoso de descalificación”.

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